La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció este martes una legislación de emergencia para congelar los alquileres y vetar los desahucios al menos hasta marzo, en previsión de un invierno marcado por unos precios de la energía disparados.
La inflación por encima del 10% y los precios por las nubes, se suman a un aumento ya insostenible del precio del alquiler. Las familias inquilinas están dedicando el 42% de sus ingresos al pago del alquiler, una cifra muy por encima de las recomendaciones de la Unión Europea y las Naciones Unidas. En la última década los precios del alquiler se habían duplicado en ciudades como Barcelona o Madrid, y ahora nos encontramos ante una nueva burbuja, con subidas de más del 20% en julio en estas ciudades.
La portavoz del Sindicat de Llogateres ha remarcado la urgencia de dar respuesta a esta situación que ahoga cada vez más a millones de familias inquilinas. La limitación del 2% en la actualización anual de los alquileres ha frenado los aumentos provocados por la inflación, pero deja desprotegidos a los inquilinos a quienes se les finaliza el contrato. Por ello, una medida urgente y valiente como la que ha adoptado Escocia, es necesaria también para España.
Si de verdad el Gobierno quiere proteger a la clase media trabajadora y poner coto a los beneficios de la banca y las grandes corporaciones, como afirmó ayer Pedro Sanchez en su comparecencia en el Senado, debe demostrarlo con hechos concretos. Y hay una medida que en ese sentido es irrebatible: la regulación del precio del alquiler.
La necesidad de esta medida de urgencia llega mientras se empieza a debatir en el Congreso de los Diputados la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda que, entre otras medidas, incluye una regulación del precio del alquiler. Sin embargo, la actual propuesta de regulación de rentas ha sido tachada como ineficaz e insuficiente por los sindicatos y plataformas de vivienda.
La regulación de los alquileres es una medida exigida por más de 9.000 organizaciones a nivel estatal para frenar la escalada de los precios del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda a toda la población. El Gobierno la incorporó en su acuerdo de Gobierno durante la investidura, y reiteró su compromiso frente a los partidos de la investidura en el año 2020 para poder aprobar los presupuestos.
